La persona natural es el centro de atención en el estudio del Derecho Civil. Es el individuo humano en toda su dimensión jurídica, dotado de derechos y obligaciones que le permiten participar activamente en la sociedad y en las relaciones jurídicas.
El código civil esboza una definición en el artículo 41 de persona natural: “Son personas todos los individuos de la especie humana, cualesquiera que sean su edad, sexo o condición. (…)”. Del análisis del presente artículo destaca el principio de no discriminación al estipular que sin importar la edad (niño o anciano), el sexo (hombre o mujer), la estirpe (raíz familiar) o condición (económica o social), todos somos personas.
El principio de la persona natural se da con el nacimiento para ello se requiere que el niño sea separado de su madre y que esta sea completa, según el art. 60 del CC. En concordancia, la Ley Orgánica de Gestión de la Identidad y Datos Civiles, en su art. 27, establece que una persona cuando ha sido “expulsado o extraído completamente del cuerpo de la madre, independientemente de la duración del embarazo, de un producto de la concepción, que, después de dicha separación, respire o dé cualquier otra señal de vida, como latidos del corazón, pulsaciones del cordón umbilical o movimientos efectivos de los músculos de contracción voluntaria, tantos si se ha cortado o no el cordón umbilical y esté o no desprendido de la placenta, se considera nacido vivo”.
En cuanto al fin de las personas, existen diversas circunstancias que pueden dar lugar a su terminación. Una de ellas es la muerte natural, donde se produce el cese definitivo de la vida de una persona natural. La muerte es un evento trascendental que pone fin a los derechos y obligaciones que le correspondían al individuo, teniendo repercusiones legales y patrimoniales. En este sentido, el Derecho Civil establece las normas y procedimientos para regular la sucesión hereditaria y la distribución de los bienes de la persona fallecida.
Sin embargo, en casos en los que una persona desaparece y no se tiene certeza de su fallecimiento, se recurre al instituto de la muerte presunta. La muerte presunta es un mecanismo legal que permite declarar a una persona como «presuntamente fallecida» cuando no hay evidencia o información clara sobre su destino. La muerte presunta tiene como finalidad proteger los intereses de la persona desaparecida y de terceros involucrados, regulando los derechos y obligaciones que le correspondían.
La declaración de muerte presunta se lleva a cabo mediante un proceso judicial en el cual se presentan pruebas y se cumplen los requisitos legales establecidos en los artículos 66 y siguientes del Código Civil. Para que proceda la declaración de muerte presunta, se requieren ciertos elementos objetivos y subjetivos.
Desde un punto de vista objetivo, se exige la ausencia del individuo de su último domicilio y la falta de noticias sobre su existencia durante un largo período de tiempo. Desde una perspectiva subjetiva, se debe tener incertidumbre acerca de la existencia de la persona. Además, la ley establece ciertas diligencias formales que deben ser cumplidas, como la justificación de la ignorancia sobre el paradero del desaparecido y la realización de las diligencias necesarias para su averiguación. También se requiere la citación de conformidad con el Código General de Procesos.
La declaración de muerte presunta se llevará a cabo después de transcurrir un plazo mínimo de 3 meses desde la última citación. Solo aquellos que tengan un interés directamente subordinado a la muerte del desaparecido, como el cónyuge, los herederos o los legatarios, serán los titulares de la acción para solicitarla. El día presuntivo de la muerte se establecerá como el último día del primer año contado a partir de la fecha de las últimas noticias sobre la persona desaparecida. En conclusión, la persona natural es el eje central del Derecho Civil, protegida por el principio de personalidad. La terminación civil de las personas puede darse por la muerte natural o la muerte presunta. Estas situaciones tienen implicaciones legales y patrimoniales que requieren de normas y procedimientos para garantizar una adecuada protección de los derechos e intereses de las personas físicas y de terceros involucrados. El estudio y comprensión de estos aspectos son fundamentales en el ámbito del Derecho Civil.
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